Tres sentencias judiciales dictadas hace apenas una semana han puesto de nuevo sobre la mesa el debate de la dación en pago, un procedimiento legal que no contempla la Ley Hipotecaria española pero que permitiría, de aprobarse, saldar la deuda de la hipoteca
Marta Vallribera | 01/02/2011
La Ley Hipotecaria española es una de las más estrictas en materia de ejecuciones hipotecarias por la doble responsabilidad que se exige al deudor ante un impago de cuotas y que implica no sólo la pérdida de la vivienda en manos del banco, sino también la obligación de tener que pagar a la entidad financiera el importe diferencial entre la tasación original del inmueble y el precio de venta que se alcanza en la subasta pública.
La consecuencia directa de esta polémica legislación ha sido que muchas familias que no han podido hacer frente a la hipoteca -desde el inicio de la crisis en España se han producido alrededor de 300.000 ejecuciones hipotecarias– se han encontrado no sólo sin vivienda sino también con una deuda con el banco que en algunos casos supera incluso el importe del inmueble subastado.
Sin embargo, hace apenas una semana tres sentencias (una de la Audiencia de Navarra, otra del juzgado mercantil número 3 de Barcelona y la tercera del Tribunal Supremo) han puesto en tela de juicio algunas de las prácticas habituales del sistema financiero español y han reabierto el debate sobre la posibilidad de que el Gobierno español contemple seriamente la aprobación de la llamada dación en pago mediante la cual, como sucede en países como Estados Unidos, con entregar la vivienda al banco es suficiente para saldar la deuda contraída.
Distintas asociaciones de entidades finacieras en España ya han alertado que de continuar en esta línea, se endurecerán las condiciones para la concesión de crédito, mientras que agencias internacionales de calificación de riesgos como Fitch o Moody’s han criticado algunos de estos fallos jucidiales por considerarlos contrarios a la legislación vigente. Por su parte, sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores y partidos políticos como IU y CiU han pedido cambios en la Ley Hipotecaria.
Aunque Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno, ya apuntó en una entrevista a Telecinco que «cambios bruscos de un día para otro» en la legislación hipotecaria serían perjudiciales para el sector financiero y que incluso podrían afectar -se supone que negativamente- a la constitución de futuras hipotecas, habrá que ver si el ministro de Fomento José Blanco, contrario hasta la fecha a estudiar «bajo ningún concepto» cualquier tipo de modificación al respecto, reconsidera esta posibilidad.
fuente: Lavanguardia.es
publicado por CASABELLA.
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